España se presenta ante el mundo como un Estado de Derecho consolidado, pero los índices internacionales y la experiencia diaria de muchos ciudadanos cuentan otra historia: denunciantes que acaban señalados, pleitos que se eternizan, aforamientos que blindan a unos pocos y millones defraudados que nunca regresan. Medir el Estado de Derecho no es un ejercicio académico; es tomarle el pulso a nuestra democracia.
Un examen que no aprobamos con nota
Afirmar que en España no existe un auténtico Estado de Derecho resulta incómodo, pero los datos invitan a formularlo sin rodeos. En 2022, la clasificación internacional recogida en la enciclopedia Wikipedia situaba a nuestro país en el puesto 23, por detrás de democracias con las que nos gusta compararnos. Y eso antes de que salieran a la luz situaciones que deberían avergonzar a cualquier sistema: ciudadanos encarcelados o amedrentados después de denunciar corrupción, pese a que la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, se aprobó precisamente para ampararlos.
Mientras tanto, miles de millones defraudados se evaporan sin que el Ministerio Fiscal ni los tribunales —formalmente independientes entre sí, pero cuyos miembros comparten oposición y origen profesional— muestren una voluntad decidida de recuperarlos. El consuelo habitual consiste en mirar hacia abajo: hay países peores. Pero conformarse con no ser los últimos es la forma más cómoda de no mejorar nunca.
Los cuatro pilares de un Estado de Derecho
El World Justice Project, organización independiente que elabora cada año uno de los índices de referencia en la materia, parte de cuatro principios universales que debe cumplir cualquier país que presuma de Estado de Derecho:
- Rendición de cuentas: gobernantes y particulares responden ante la ley por sus actos.
- Leyes justas: claras, públicas, estables, aplicadas por igual y protectoras de los derechos fundamentales.
- Gobierno abierto: procesos de elaboración, aplicación y control de las normas accesibles, justos y eficientes.
- Justicia accesible e imparcial: mecanismos rápidos y asequibles para resolver conflictos, en manos de jueces competentes e independientes.
España frente al espejo
Apliquemos esos pilares a nuestra realidad con algunas preguntas incómodas:
- ¿Rendición de cuentas? Se han presentado denuncias sobre presuntos fondos en paraísos fiscales vinculados a representantes de los tres poderes —Gobierno, Parlamento y judicatura— sin que ninguna investigación haya llegado al fondo. ¿De verdad somos tan pulcros?
- ¿Leyes justas? El artículo 14 de la Constitución proclama la igualdad ante la ley, pero desde hace casi cuatro décadas convivimos con un sistema de aforamientos que, según las estimaciones que se manejan, alcanza a unas 240.000 personas con fuero procesal propio.
- ¿Procesos rápidos? Que un pleito se prolongue diez años no es una rareza, y recuperar las costas reconocidas en sentencia puede convertirse en otra odisea.
- ¿Mecanismos accesibles? Si una comercializadora eléctrica le engaña, el arbitraje puede tardar nueve meses; sumados al tiempo que tarde en descubrirlo con su primera factura, el consumidor puede pasar un año entero sin respuesta.
Cómo se mide el Estado de Derecho
El índice del World Justice Project no se basa en impresiones, sino en encuestas a hogares y a expertos de más de un centenar de países, agrupadas en ocho factores:
- Restricciones a los poderes del Gobierno.
- Ausencia de corrupción.
- Gobierno abierto.
- Derechos fundamentales.
- Orden y seguridad.
- Aplicación de la normativa.
- Justicia civil.
- Justicia penal.
Los resultados de España merecen una lectura atenta. Obtenemos buena nota en orden y seguridad —el trabajo de nuestros cuerpos policiales se reconoce—, pero la justicia penal arrastra una de las calificaciones más bajas del conjunto. Dicho de otro modo: el Estado sabe mantener el orden en la calle, pero falla cuando se trata de juzgar con rapidez, imparcialidad y eficacia, sobre todo cuando quien debe rendir cuentas ocupa una posición de poder.
Un Estado de Derecho no se mide por lo que proclama su Constitución, sino por lo que les ocurre a quienes se atreven a denunciar.
Ni conformismo ni resignación
La degradación no es responsabilidad de un solo poder. El legislativo mantiene privilegios procesales que la Comisión Europea lleva años señalando en sus informes; el Gobierno no impulsa las reformas que blindarían la independencia de los órganos de control; y una parte de la judicatura y de la Fiscalía parece más inclinada a proteger el sistema que a depurarlo. Cada uno de ellos podría romper el círculo; ninguno lo ha hecho.
Por eso la respuesta tiene que venir de la ciudadanía. Exigimos:
- La supresión de los aforamientos y la plena igualdad ante la ley.
- La aplicación real de la Ley 2/2023, con protección efectiva para quien denuncia corrupción, también dentro de los tribunales.
- Plazos judiciales razonables y medios suficientes para cumplirlos.
- La recuperación efectiva del dinero defraudado.
Conocer los índices, difundirlos y exigir explicaciones es el primer paso. Un país no escala posiciones por accidente: lo hace cuando sus ciudadanos dejan de conformarse.