Cuarenta años después de entrar en Europa, España sigue siendo un socio que promete mucho y cumple a medias. Multas millonarias del Tribunal de Justicia, directivas transpuestas tarde, fondos mal gestionados y laudos impagados dibujan un patrón inquietante. El acervo no es un menú: es un compromiso. ¿Qué les pasa a nuestros poderes con la ley europea y con el dinero?
Qué es el acervo comunitario
El 1 de enero de 1986 España se incorporó a las Comunidades Europeas, lo que le abrió las puertas del mercado común y de los fondos estructurales, motores decisivos de su modernización económica y social. En 1999 adoptó el euro y reforzó su compromiso con la unión económica y monetaria.
Formar parte de la Unión significa asumir el acervo comunitario: el conjunto de derechos, obligaciones y normas que vinculan a todos los Estados miembros. Incluye:
- Los Tratados fundacionales, en particular el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
- El Derecho derivado: reglamentos, directivas y decisiones de las instituciones.
- La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
- Los valores comunes del artículo 2 del TUE, entre ellos la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho.
- Los acuerdos internacionales celebrados por la Unión y sus políticas comunes.
España ha avanzado mucho en su aplicación, pero el balance revela incumplimientos persistentes que deberían avergonzar a los tres poderes del Estado.
Medio ambiente: pagar por no depurar
El caso más elocuente es el de las aguas residuales urbanas. Tras incumplir durante años la Directiva 91/271/CEE, el Tribunal de Justicia condenó a España en julio de 2018 (asunto C-205/17) a pagar una suma a tanto alzado de 12 millones de euros y una multa coercitiva de 10,95 millones por cada semestre de retraso hasta adaptar sus depuradoras. Lo pagan, al final, los contribuyentes.
No es un caso aislado. España ha acumulado procedimientos por la protección insuficiente de espacios naturales y especies amparadas por las Directivas de Hábitats y de Aves, y por superar los límites de contaminación atmosférica fijados en la Directiva 2008/50/CE.
Justicia y transposición: la Unión también multa la desidia
En febrero de 2021, el Tribunal de Justicia impuso a España una suma de 15 millones de euros y una multa coercitiva de 89.000 euros diarios por no haber transpuesto a tiempo la Directiva (UE) 2016/680, sobre protección de datos personales en el ámbito penal (asunto C-658/19). Una condena directamente vinculada al funcionamiento de la justicia.
A ello se suman las reiteradas advertencias de las instituciones europeas sobre el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial, que los informes anuales sobre el Estado de Derecho han señalado una y otra vez como no plenamente ajustado a los estándares europeos de independencia judicial. Y la transposición tardía de la directiva de protección de denunciantes, cuya autoridad garante no empezó a funcionar hasta 2025.
Competencia, fiscalidad y contratación pública
Los incumplimientos alcanzan también al corazón económico del acervo:
- Ayudas de Estado: España ha sido objeto de procedimientos por ayudas no autorizadas a determinados sectores, como el naval o el energético.
- Energías renovables: la retirada retroactiva de primas ha generado una larga serie de laudos arbitrales internacionales contra el Reino de España, muchos de ellos pendientes de pago.
- Fiscalidad: el Tribunal de Justicia declaró discriminatorio el trato fiscal a los no residentes en el impuesto de sucesiones y donaciones.
- Contratación pública: en diciembre de 2024, la Comisión Europea llevó a España ante el Tribunal de Justicia por la incorrecta transposición de las directivas de contratación pública, en aspectos como la definición de poderes adjudicadores o la modificación de contratos.
Cada euro de multa que paga España es un euro que los ciudadanos abonan por la negligencia de sus gobernantes.
Fondos europeos: la parte más vergonzosa
Ningún incumplimiento resulta tan doloroso como la gestión deficiente o el uso indebido de los fondos estructurales y de cohesión. Las irregularidades detectadas han derivado en correcciones financieras y devoluciones de fondos, es decir, en dinero europeo que debía llegar a infraestructuras, empleo o innovación y que se pierde por opacidad, falta de control o presunto fraude. Por eso existen la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y la Fiscalía Europea: porque los mecanismos nacionales no siempre bastan.
Ser buen socio empieza en casa
El acervo comunitario no es una imposición externa, sino un compromiso libremente asumido que protege a los propios ciudadanos españoles. Cumplirlo exige que el legislador transponga a tiempo, que el Gobierno gestione con transparencia y que los jueces apliquen con rigor el Derecho de la Unión. Exijamos a nuestras instituciones que estén a la altura de Europa, y utilicemos las vías europeas de denuncia cuando las nacionales fallen.