En España, ser diputado, senador, ministro, juez o alto cargo autonómico permite algo que ningún ciudadano de a pie puede elegir: el tribunal que lo juzgará. El aforamiento, presentado como garantía de la función pública, se ha convertido en un privilegio procesal sin parangón en Europa. ACCYDED lleva años combatiéndolo porque la igualdad ante la ley no admite excepciones de rango.
Qué es exactamente un aforamiento
El aforamiento es una prerrogativa procesal: cuando una persona que ocupa determinados cargos públicos es investigada o acusada por un delito, no la juzga el juzgado que correspondería a cualquier vecino, sino un tribunal superior designado de antemano. La propia Constitución lo establece para diputados y senadores, cuyas causas penales corresponden a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (artículo 71.3), y para el presidente y los miembros del Gobierno (artículo 102.1). A partir de ahí, leyes orgánicas y estatutos de autonomía han ido extendiendo la figura a parlamentarios y gobiernos autonómicos, a jueces, magistrados y fiscales, y a otros altos cargos del Estado, hasta sumar miles de personas.
No se trata de una inmunidad que impida juzgar, sino de algo más sutil: elegir quién juzga. Y en un país donde los órganos que nombran a los magistrados de esos tribunales superiores dependen en buena medida de acuerdos entre partidos, esa elección no es neutral.
Una institución decimonónica que Europa ya abandonó
España es prácticamente el único país de su entorno político, jurídico y cultural que mantiene un aforamiento tan amplio. En la mayoría de las democracias europeas, el parlamentario o el ministro que delinque responde ante los mismos jueces que el resto de la ciudadanía; las protecciones que subsisten se limitan, por lo general, a la inviolabilidad por las opiniones emitidas en el ejercicio del cargo. La Comisión de Venecia del Consejo de Europa ha recomendado limitar las inmunidades de los cargos públicos para que no se conviertan en un escudo frente a la justicia.
Un Estado que desconfía de sus propios jueces de instancia para juzgar a los poderosos está admitiendo que su justicia no es igual para todos.
Las razones de nuestra denuncia
El 13 de octubre de 2021 ACCYDED presentó una reclamación ante el Defensor del Pueblo, la institución que la ley legitima para interponer recurso de inconstitucionalidad. Fue una decisión meditada y consultada con numerosos letrados, ante la falta de una vía directa para que un ciudadano impugne las leyes que han multiplicado los aforamientos. Nuestros argumentos eran, y siguen siendo, contundentes:
- Anomalía comparada: mantenemos una institución del siglo XIX que privilegia a unos ciudadanos sobre el resto por el mero hecho de ocupar un cargo.
- Vulneración de principios constitucionales: choca con los valores superiores de libertad, justicia e igualdad (artículo 1.1), con la igualdad ante la ley (artículo 14) y con la tutela judicial efectiva (artículo 24).
- Quiebra del juez predeterminado por la ley: altera las normas de reparto y sustrae al aforado del órgano que le correspondería, en contra del artículo 24.2.
- Desconfianza institucional: envía el mensaje de que los jueces de instancia no son fiables cuando el investigado es poderoso.
- Distorsión del Tribunal Supremo: convierte al máximo órgano jurisdiccional, llamado a unificar doctrina, en tribunal de instrucción y de primera instancia para una élite.
Un recorrido sin respuesta de fondo
Aquel primer paso abrió un largo camino por las instituciones. La asociación ha llevado sus argumentos ante la Administración, los tribunales de lo contencioso, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, sin que ningún órgano haya entrado a analizar el fondo de la cuestión. La única respuesta tangible ha sido la inadmisión y, como colofón, la imposición de costas a una asociación ciudadana que solo pedía que se aplicara la Constitución.
Ese silencio retrata a los tres poderes. El legislativo, que podría suprimir los aforamientos con una reforma legal y constitucional, aplaza indefinidamente propuestas de supresión que distintos partidos han llegado a anunciar. El Gobierno no impulsa el cambio. Y el poder judicial, cuyos propios miembros son aforados, evita pronunciarse sobre un privilegio que les afecta directamente.
Lo que proponemos
- Supresión de los aforamientos de origen legal y estatutario, empezando por los de jueces, magistrados y fiscales.
- Reforma constitucional de los artículos 71.3 y 102.1 para que diputados, senadores y miembros del Gobierno respondan ante los tribunales ordinarios.
- Limitación de la inviolabilidad parlamentaria a las opiniones y votos emitidos en el ejercicio del cargo, conforme a los estándares del Consejo de Europa.
- Transparencia estadística sobre causas penales abiertas contra aforados y su resultado.
La igualdad ante la ley no se defiende con declaraciones, sino con reformas. Si compartes esta exigencia, apoya nuestra propuesta, difunde estos argumentos y reclama a tus representantes que pongan fecha al fin de los aforamientos.