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Alexéi Navalni

Un abogado que denunció la corrupción de su Gobierno murió en una prisión del Ártico ruso. Su caso enseña cómo un poder corrupto se aferra al dinero público a costa de la vida y la libertad de quien lo señala. Sería ingenuo creer que la persecución del disidente es cosa de otros: en democracias como la nuestra adopta formas más discretas, pero eficaces.

Un opositor frente al Estado

Alexéi Navalni fue abogado y activista contra la corrupción en Rusia, un crítico que defendía algo tan elemental como que las leyes se cumplan en un país que se dice democrático. Su historia, llevada incluso al cine documental, ha dado la vuelta al mundo. En febrero de 2024 murió bajo custodia del Estado, en una colonia penitenciaria. La Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se declaró consternada y recordó un principio esencial: cuando una persona muere bajo custodia, se presume la responsabilidad del Estado mientras una investigación imparcial e independiente no demuestre lo contrario.

Lo relevante de su caso no es solo la tragedia personal, sino lo que demuestra: los gobiernos corruptos se afanan en controlar el poder y, en definitiva, el dinero público, sin importarles la vida, la libertad ni los derechos de un ciudadano.

Lo que dijo Estrasburgo

Mucho antes de su muerte, la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya había examinado su caso. En la sentencia de 15 de noviembre de 2018 apreció violaciones del derecho a la libertad (artículo 5), del derecho a un proceso equitativo (artículo 6) y de la libertad de reunión (artículo 11) a raíz de siete detenciones practicadas entre 2012 y 2014. Y, lo que es más importante, declaró vulnerado el artículo 18 del Convenio: al menos dos de aquellas detenciones perseguían en realidad suprimir el pluralismo político.

Esa es la clave. El Derecho no se usaba para proteger, sino como instrumento de represión con apariencia legal.

Las formas discretas de la persecución

El comportamiento de los gobiernos corruptos hacia sus opositores varía según el país. A todos nos vienen a la mente lugares donde se recurre al asesinato, la cárcel o la desaparición. ¿Y en España? Aquí los métodos son menos visibles, pero los ciudadanos que denuncian corrupción describen patrones reconocibles:

  • Coacción judicial: querellas y demandas desproporcionadas contra quien denuncia, con cuantías pensadas para intimidar.
  • Desgaste procesal: años de procedimientos, archivos sin investigación y condenas en costas que agotan recursos y voluntades.
  • Silencio mediático: una prensa a menudo dependiente de la publicidad institucional, que evita publicar los trapos sucios de las élites económicas y políticas.
  • Opacidad administrativa: información pública negada o escondida tras excepciones legales.

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Nuestro propio espejo

Nuestro periplo judicial de diez años ilustra, a nuestro juicio, cómo se articula una red de intereses en la que jueces, fiscales e instituciones públicas parecen cerrar filas para tapar presuntas conductas corruptas. Cuando un ciudadano defiende la verdad con la Constitución en la mano, lo que recibe de las instituciones no es protección, sino extorsión, coacción y amedrentamiento. Los documentos que reproducimos son una muestra de ello.

La corrupción no se limita a un poder del Estado: un legislador que no protege eficazmente al denunciante, un ejecutivo que oculta y una justicia que no investiga forman un mismo engranaje.

Ninguna democracia está vacunada contra la persecución del disidente; solo cambia el método, y el silencio de los demás es siempre su mejor aliado.

No mirar hacia otro lado

La violación sistemática de los derechos constitucionales de los ciudadanos será, sin duda, un extenso capítulo de nuestra historia reciente. Escribir un final distinto depende de nosotros:

  1. Apoye a quienes denuncian la corrupción, sin esperar a que sean víctimas visibles.
  2. Exija a la prensa independencia y rigor, y respalde a los medios que se los ganan.
  3. Únase a asociaciones ciudadanas que vigilan a los tres poderes del Estado.

La memoria de quienes pagaron con su vida la defensa de la ley obliga a no rendirse.

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