Durante décadas, Sudáfrica institucionalizó la desigualdad mediante leyes que separaban a unos ciudadanos de otros. España no tiene razas legales, pero sí castas procesales: miles de cargos públicos, con jueces y fiscales a la cabeza, gozan de un fuero propio que los aparta del ciudadano común. Es nuestro apartheid silencioso, y su principal víctima es la confianza ciudadana en una justicia igual para todos.
Creer en uno mismo, el arma de los débiles
Uno de los grandes referentes de la lucha contra el apartheid sudafricano sostuvo que el arma más poderosa en manos del opresor es la mente del oprimido. Su lección sigue vigente en todo el mundo: los sistemas injustos no se sostienen solo por la fuerza, sino por la resignación de quienes los padecen. Cuando el ciudadano deja de creer en sí mismo y asume que nada puede cambiar, el abuso se convierte en norma.
España no ha conocido un régimen de segregación racial, pero ha construido algo que, salvando todas las distancias, comparte su lógica esencial: leyes que dividen a los ciudadanos en dos categorías ante la justicia.
Dos categorías de ciudadanos
El aforamiento es un privilegio procesal: determinados cargos no son investigados ni juzgados por el juez que correspondería a cualquier otro ciudadano, sino por un tribunal superior, ya sea el Tribunal Supremo o un Tribunal Superior de Justicia. La Constitución lo previó para diputados, senadores y miembros del Gobierno; la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 lo extendió a jueces, magistrados y fiscales, y los estatutos de autonomía y otras leyes fueron multiplicando la lista.
La paradoja es evidente: el privilegio se concentra en quienes más poder institucional acumulan. Son, precisamente, quienes deciden si la desaparición de dinero de las arcas públicas es una apropiación indebida o un gasto justificado, y si una querella merece investigarse o debe archivarse.
El círculo del abuso
Controlar el poder y, al mismo tiempo, garantizarse inmunidad frente a sus consecuencias forma un círculo perverso. Si un juez sobresee sin fundamento una causa en la que se denuncian vulneraciones de derechos, o archiva una denuncia por apropiación indebida, ¿quién puede impedirlo?
- La policía actúa bajo la dirección de los propios órganos judiciales y del Ministerio Fiscal.
- La Fiscalía está jerarquizada y su máximo responsable se nombra a propuesta del Gobierno.
- El Gobierno no puede, ni debe, revisar resoluciones judiciales.
- Solo quedan otros jueces, compañeros de carrera del investigado, reunidos en un tribunal superior.
La respuesta, por tanto, es inquietante: nadie ajeno al propio cuerpo.
Un deber olvidado durante cuatro décadas
El legislador quiso prevenir que las leyes fueran manipuladas al servicio de unos pocos. La Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, de 1979, dispone en su artículo 35.1 que, cuando un juez o tribunal considere que una norma con rango de ley aplicable al caso, y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional.
Con datos de 2022, la carrera judicial la integraban 5.320 jueces y magistrados. Que sepamos, ninguno ha elevado al Tribunal Constitucional una cuestión sobre los aforamientos que les benefician, pese a su difícil encaje con el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley. Llevamos cuarenta años de silencio.
Un privilegio que nadie se atreve a cuestionar deja de ser una excepción y se convierte en un régimen.
Cómo romper el apartheid
La salida empieza por reformas concretas:
- Suprimir los aforamientos que no respondan a una necesidad funcional estricta, empezando por los de jueces y fiscales.
- Garantizar que las querellas contra miembros de la carrera judicial se tramiten con plena transparencia.
- Reforzar la independencia de la Fiscalía respecto del Gobierno.
- Exigir a los tribunales que planteen la cuestión de inconstitucionalidad allí donde el privilegio choque con el artículo 14.
Pero ninguna reforma llegará si los ciudadanos asumen que el abuso es inevitable. Nuestra mejor arma es no perder la autoestima y actuar juntos. Si compartes esta convicción, únete a ACCYDED.