España conoció durante siglos sociedades de castas en las que los derechos dependían de la sangre. La Constitución de 1978 quiso enterrar esa herencia al proclamar en su artículo 14 que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, quienes más poder acumulan han levantado un nuevo estamento: el de los aforados, ciudadanos de primera con justicia a la carta.
Una herencia que creíamos superada
El Imperio español impuso en sus territorios de América y Filipinas un sistema de estratificación basado en la ideología de la «limpieza de sangre», considerada por muchos historiadores un antecedente del racismo europeo moderno. La población se clasificaba en tres grandes grupos —españoles, indígenas y africanos— y la descendencia de uniones entre ellos se consideraba de sangre «manchada». A esos grupos mixtos se les llamaba «castas» o «cruzas».
La legislación colonial llegó a catalogar con minuciosidad esas mezclas. Entre las denominaciones que con más frecuencia aparecían en los registros de bautismo, matrimonio o defunción figuraban:
- Mestizo: hijo de español e indígena.
- Castizo: hijo de mestizo y española.
- Mulato o pardo: hijo de español y africana.
- Zambo: hijo de africano e indígena.
- Morisco, coyote o chino, entre otras muchas categorías sin definición uniforme.
Cada etiqueta llevaba aparejados privilegios o discriminaciones. En la cúspide se situaba el español peninsular; en la base, la persona esclavizada traída de África. A finales del siglo XVIII llegó incluso a ser posible pagar para obtener una «gracia» que permitía figurar como blanco en los registros. El estatus, en definitiva, podía comprarse.
El artículo 14: la promesa de la igualdad
La Constitución de 1978 rompió formalmente con esa lógica. Su artículo 14 establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión «o cualquier otra condición o circunstancia personal o social». Es una de las piedras angulares del Estado de Derecho: la ley es la misma para el poderoso y para el humilde.
Y, sin embargo, la letra del texto constitucional convive con una realidad muy distinta. Al calor de la propia Constitución y de leyes posteriores —entre ellas la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985— se ha consolidado un régimen de aforamientos que reserva a determinados cargos un tribunal distinto del que corresponde a cualquier ciudadano.
La nueva casta: los aforados
Los aforamientos se justifican oficialmente como garantía de la independencia institucional. En la práctica, crean dos clases de justiciables: quienes responden ante el juez ordinario y quienes solo pueden ser investigados y juzgados por tribunales superiores, cuyos miembros, en buena medida, son designados con intervención de los mismos poderes políticos a los que deberían controlar.
La paradoja es evidente. Diputados, senadores, miembros del Gobierno, parlamentarios autonómicos, jueces y fiscales —los tres poderes del Estado— disfrutan de un privilegio procesal que ningún otro ciudadano posee. No es una casta de sangre, sino de cargo; pero el efecto es parecido: la ley deja de aplicarse por igual a todos.
Las castas no desaparecieron con el Imperio: simplemente cambiaron la sangre por el cargo y el linaje por el aforamiento.
Cuando el privilegio protege el negocio
Detrás del privilegio casi siempre subyace un interés económico. Nuestra asociación lleva años denunciando patrones preocupantes: sanciones millonarias a grandes empresas que se suspenden o desaparecen en los tribunales, y noticias sobre presuntas cuentas en paraísos fiscales vinculadas a altos cargos que ninguna institución investiga de oficio. Cuando quien decide sobre esos asuntos no puede ser juzgado como los demás, la tentación de la impunidad se multiplica.
Las instituciones europeas lo han advertido en repetidas ocasiones. El GRECO, órgano anticorrupción del Consejo de Europa, ha dedicado una ronda completa de evaluación a la prevención de la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, y los informes anuales de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho insisten en la necesidad de reforzar la independencia judicial en España.
Lo que reclamamos
- La supresión de los aforamientos que no respondan a una necesidad funcional estricta, empezando por los que protegen a jueces y fiscales frente a delitos comunes.
- Que los jueces cumplan el deber que les impone la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y planteen la cuestión de inconstitucionalidad cuando una norma choque con el artículo 14.
- Transparencia patrimonial real y verificable para todos los cargos que hoy disfrutan de fuero especial.
Ningún país puede llamarse democrático mientras mantenga ciudadanos de primera y de segunda ante los tribunales. Abolir esta nueva casta no exige revoluciones, sino voluntad política y presión ciudadana. Únete a quienes exigimos que la igualdad ante la ley deje de ser una promesa escrita y se convierta en una realidad cotidiana.