Cleptocracia: el gobierno de los ladrones. En dos mil años de historia apenas se ha librado de ella ningún imperio. Las democracias constitucionales nacieron, precisamente, para impedirla, con elecciones libres y mecanismos de autocontrol que dan sentido al Estado de Derecho. La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿cuántos rasgos de una cleptocracia reconocería hoy un observador imparcial en España?
Un mal tan viejo como el poder
Si hubiera que nombrar un mal común a cualquier país u organización del planeta, ese sería la cleptocracia: el uso del poder público para el enriquecimiento privado de quienes lo ejercen. Ningún imperio de los últimos dos milenios ha sido inmune a ella.
Tras la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los países adoptó la democracia como garantía de que la soberanía reside en el pueblo y de que los gobernantes son elegidos por él. A esa fórmula se añadió un código de convivencia, la Constitución, con mecanismos de control recíproco entre poderes. Cuando esos mecanismos funcionan, hablamos de Estado de Derecho. Cuando se oxidan, la puerta queda abierta. ¿Nos miramos al espejo?
Siete rasgos de una cleptocracia
Los estudiosos del fenómeno coinciden en una serie de síntomas. Repasémoslos uno a uno, contrastándolos con lo que observamos y denunciamos en nuestro país:
- Corrupción generalizada, presente en todos los niveles de la Administración. España acumula desde hace años escándalos de corrupción con trasfondo político; de forma muy puntual alguien acaba en prisión, pero, paradójicamente, el dinero desaparecido casi nunca aparece.
- Desvío de fondos públicos hacia cuentas de dirigentes y allegados. Investigaciones periodísticas y filtraciones internacionales han señalado patrimonios en paraísos fiscales vinculados a responsables políticos y a su entorno, sin que la respuesta institucional haya estado a la altura.
- Enriquecimiento ilícito al amparo del cargo. Cuando se intenta pedir cuentas a algún poder del Estado, el aforamiento aparece como escudo. ¿Qué se pretende proteger?
- Falta de rendición de cuentas: ausencia de mecanismos eficaces de control y auditoría. En nuestra experiencia, las denuncias que reclaman fiscalizar el destino del dinero público terminan archivadas sin investigación.
- Debilitamiento de las instituciones de control: judicatura, organismos supervisores y prensa cooptados o neutralizados. Llevamos más de cuarenta años de aforamientos que sustraen a los poderosos del juez ordinario.
- Manipulación del debate público: controlar los medios es una forma de condicionar las elecciones. Hemos visto cómo se señalaba y desacreditaba a los espacios donde afloran las protestas ciudadanas.
- Represión de la disidencia mediante intimidación, censura o encarcelamiento. Un juez que denunció presunta corrupción en los juzgados ha sido privado de libertad, y nuestros propios asociados han sufrido presiones económicas impropias de una democracia avanzada.
La pieza que falta: el dinero
Si algo distingue a una cleptocracia de una democracia con casos aislados de corrupción es el destino del botín. En las democracias sanas, la condena va acompañada de la recuperación de lo sustraído. En España, en cambio, la sensación ciudadana es que las penas son escasas y tardías, y que el patrimonio defraudado rara vez vuelve a las arcas públicas.
No faltan herramientas. La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción dedica un capítulo entero a la recuperación de activos; la Iniciativa StAR, impulsada por el Banco Mundial y la ONUDD, trabaja para acabar con los refugios de fondos corruptos; y la Fiscalía Europea, de la que España forma parte, persigue los delitos contra el presupuesto de la Unión. Lo que falta no son instrumentos, sino voluntad política y judicial de usarlos hasta el final.
Una democracia no se mide por los corruptos que juzga, sino por el dinero robado que devuelve a sus ciudadanos.
Romper el círculo
La cleptocracia no es patrimonio de un partido ni de un poder: prospera cuando el legislativo legisla privilegios, el ejecutivo coloniza los órganos de control y una parte del poder judicial mira hacia otro lado. Revertirla exige actuar en los tres frentes a la vez:
- Supresión de los aforamientos y plena igualdad ante la ley.
- Fiscalías y órganos de control con independencia real y medios suficientes.
- Persecución patrimonial sistemática: decomiso, recuperación de activos y cooperación internacional.
- Protección efectiva de denunciantes y periodistas que destapan tramas.
Los cleptócratas cuentan con un aliado silencioso: la resignación. Cada ciudadano que se informa, denuncia y exige cuentas les arrebata un poco de ese terreno. Le invitamos a dar ese paso con nosotros.