El desarrollo de un país depende en buena medida de cómo funciona su justicia, la encargada de que se cumplan las reglas del juego que fija la Constitución. Pero, ¿qué ocurre cuando quienes deben velar por esas reglas son los primeros en saltárselas? En España, más de 240.000 personas gozan de aforamiento. Y la mayoría de esos privilegios no los creó la Constitución.
Las reglas del juego
Dicho de forma sencilla, la justicia se encarga de que se cumplan las reglas, y esas reglas están escritas en la Constitución. La transparencia del sistema judicial y el rigor con que aplica la ley determinan la confianza de ciudadanos y empresas, la seguridad jurídica y, en último término, la prosperidad de un país. Por eso la calidad de la justicia no es un asunto de juristas: nos afecta a todos.
La regla más básica de todas está en el artículo 14 de la Constitución:
«Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.»
Una excepción convertida en norma
La propia Constitución admite algunas excepciones a ese principio, pero muy pocas. Solo prevé expresamente el aforamiento en dos casos:
- El presidente y los demás miembros del Gobierno (artículo 102).
- Los diputados y senadores (artículo 71.3).
Todo lo demás procede de leyes posteriores. Y lo más llamativo es que la mayor parte de los aforamientos adicionales aparece en la Ley Orgánica del Poder Judicial: es decir, quienes deben velar por que se cumplan las reglas constitucionales son los primeros en saltárselas. Entre otros, gozan de fuero especial:
- Ante el Tribunal Supremo (artículo 57 LOPJ): los presidentes del Congreso y del Senado, del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial; los vocales del CGPJ; los magistrados del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo; los presidentes de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia; el Fiscal General del Estado; el presidente y los consejeros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, y el Defensor del Pueblo.
- Ante los Tribunales Superiores de Justicia (artículo 73 LOPJ y Estatutos de Autonomía): los presidentes, consejeros y parlamentarios autonómicos, así como los jueces, magistrados y fiscales por los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
- Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan, además, con reglas procesales especiales (artículo 8 de la Ley Orgánica 2/1986).
Si hubiera que explicar en una frase el origen y la persistencia de semejante cifra, sería esta: nadie se queja.
La impunidad de la mala praxis
Son muchas las organizaciones similares a la nuestra que denuncian la corrupción judicial. Que el poder corrompe no es una novedad de la condición humana. Lo verdaderamente alarmante es la impunidad ante lo que podríamos llamar mala praxis profesional, que tantos ciudadanos dicen haber sufrido:
- Sentencias con incongruencias argumentales.
- Sentencias con incongruencia omisiva, que dejan sin respuesta lo que se pidió.
- Resoluciones carentes de motivación suficiente.
- Presunta parcialidad en el reparto de los procedimientos.
- Informes fiscales anónimos, sin firma identificable.
- Presuntas falsedades en resoluciones judiciales que nunca llegan a investigarse.
Cada una de estas conductas, si la cometiera cualquier otro profesional, tendría consecuencias. Cuando la comete quien está aforado y es juzgado por sus propios superiores, rara vez las tiene.
Ningún poder que se juzga a sí mismo puede ser imparcial.
Los tres poderes, el mismo problema
Esta impunidad tiene su raíz en los aforamientos, y no es exclusiva de la justicia. El legislativo los creó y nunca los ha reducido de verdad; el ejecutivo se beneficia de ellos y no impulsa su supresión; el judicial los disfruta y decide sobre su alcance. Tres poderes que deberían vigilarse mutuamente comparten un mismo privilegio.
Por eso la eliminación de los aforamientos es la razón de ser de nuestra asociación. Constituyen, a nuestro juicio, una infracción grave de la Constitución, y combatirlos fue nuestra primera acción nada más constituirnos legalmente.
Únete a la exigencia
Una justicia fiable no es un lujo, sino una condición de la democracia y de la prosperidad. Exigimos la supresión de los aforamientos no previstos por la Constitución, empezando por los de jueces y fiscales, y mecanismos reales de responsabilidad para todos los poderes. Si quieres conocer la documentación que respalda estas denuncias o sumarte a nuestra lucha, escríbenos a través de nuestro formulario de contacto.