España necesita una actualización profunda. Nuestros representantes dedican más energía a enfrentarse entre sí que a cerrar las grietas por las que se escapa el dinero público, y las instituciones llamadas a frenar la corrupción apenas lo consiguen. Frente a esa versión agotada del país proponemos otra: la España v2.0, un Estado de Derecho real, donde la ley obligue a todos por igual.
Un sistema que no se corrige a sí mismo
Vivimos en un país donde los escándalos se suceden y apenas cambian las reglas que los hicieron posibles. Los partidos se lanzan acusaciones cruzadas, pero rara vez pactan las reformas que reducirían sus propias zonas de impunidad; su prioridad parece ser que no caiga la valoración de los suyos. El resultado es una sensación ciudadana de que la corrupción forma parte del paisaje y de que denunciarla no sirve de nada.
Esa sensación tiene fundamento. Los informes anuales sobre el Estado de Derecho de la Comisión Europea siguen señalando asuntos pendientes en España, desde el sistema de nombramiento del órgano de gobierno de los jueces hasta la regulación de los grupos de interés y otros instrumentos de integridad. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) dedicó una ronda de evaluación entera a la prevención de la corrupción entre parlamentarios, jueces y fiscales, y sus recomendaciones se han aplicado de forma desigual.
Los tres poderes, ante el espejo
La corrupción no es patrimonio de un solo poder. Se manifiesta en el legislativo cuando aprueba leyes a la medida de intereses particulares o bloquea las que limitarían sus privilegios; en el Gobierno, cuando utiliza la contratación pública, los nombramientos o las subvenciones como moneda de cambio; y en el poder judicial, cuando el corporativismo o la dependencia política impiden investigar a quien debería ser investigado. Si los tres fallan a la vez, el ciudadano queda sin árbitro.
Un Estado de Derecho no se proclama en la Constitución: se demuestra cada día en la forma en que trata al poderoso que incumple la ley.
Qué significa la España v2.0
La España v2.0 no es un eslogan, sino un programa mínimo de regeneración. Significa, al menos:
- Devolver lo robado: que a los cargos públicos y particulares condenados por corrupción se les exija de forma efectiva la restitución del dinero, con mecanismos ágiles de localización y decomiso de bienes.
- Responder por los delitos: que nadie quede fuera del alcance de la justicia por su cargo, su partido o sus contactos, y que las causas no prescriban por la lentitud de los tribunales.
- Acabar con los aforamientos: respetar el artículo 14 de la Constitución, que proclama la igualdad de todos los españoles ante la ley, y suprimir los fueros procesales de políticos y jueces.
- Transparencia real: que la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se cumpla de verdad, con sanciones efectivas para quien oculte información.
- Proteger al denunciante: que quien alerta de la corrupción no acabe convertido en acusado, y que las autoridades de protección previstas en la Ley 2/2023 actúen con independencia.
Iremos ampliando esta lista con las propuestas de nuestros socios y de las organizaciones afines con las que colaboramos.
De la indignación a la acción
La versión actual del país no es una condena inevitable. Cada solicitud de información pública, cada denuncia bien fundada, cada recurso que obliga a una administración a motivar sus decisiones y cada ciudadano que se niega a mirar hacia otro lado es una línea de código de la España v2.0. Las reformas que proponemos no requieren milagros, sino voluntad política, y esa voluntad solo aparece cuando la sociedad la exige con constancia.
Te invitamos a sumarte a ACCYDED, a compartir esta propuesta y a exigir a tus representantes compromisos concretos y verificables. La actualización empieza por nosotros.