Cuando viajamos, lo primero que nos preguntamos es si podremos pasear tranquilos por la calle. España suele superar esa prueba. Pero existe otra inseguridad, más silenciosa e igual de peligrosa, que no se patrulla con uniformes: la que siente el ciudadano al cruzar la puerta de un juzgado y descubrir que la ley no siempre le protege.
Las dos caras de la seguridad
La seguridad ciudadana es un pilar de cualquier sociedad que aspire a garantizar los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. Pero no es solo una cuestión de estadísticas o de presencia policial: es la certeza íntima de que nuestra vida, nuestra libertad y nuestra integridad están protegidas tanto en la calle como ante las instituciones. El valor real de los derechos cambia drásticamente según el grado de seguridad y de justicia de cada país.
España, con niveles de criminalidad callejera relativamente bajos en comparación con otros Estados, padece una crisis menos visible: la inseguridad jurídica. No se mide con cámaras ni se combate con patrullas; se palpa en los juzgados, en los pasillos de las fiscalías y en la actitud de algunos órganos frente a quienes se atreven a denunciar irregularidades. ¿Cómo se defiende un ciudadano cuando quien amenaza sus derechos no es un delincuente, sino una institución?
El precio de denunciar
Muchos ciudadanos que han dado un paso al frente para destapar tramas ilegales o abusos administrativos relatan el mismo itinerario: procesos interminables, represalias laborales e incluso imputaciones que consideran infundadas. Mientras tanto, los responsables de lo denunciado disfrutan con frecuencia de un blindaje institucional que disuade a cualquiera de seguir sus pasos. La pregunta es inevitable: ¿se paga en nuestro país la denuncia de la corrupción con persecución o marginación?
La inseguridad jurídica no es un accidente ni una anomalía pasajera. Es, en buena medida, el resultado de una estructura consolidada con el tiempo en la que confluyen élites político-económicas, una judicatura excesivamente jerarquizada y expuesta a la política, y órganos de control concebidos para no molestar demasiado.
Una justicia expuesta a la política
En el centro del problema está la falta de independencia judicial real. El sistema de nombramientos, especialmente en torno al Consejo General del Poder Judicial, ha sido durante años un campo de batalla entre partidos. Cuando el ascenso a los puestos clave depende más de la afinidad que del mérito, se genera una cadena de favores y silencios que mina la confianza ciudadana. Un juez que sabe que su carrera depende de quienes gobiernan tiene menos incentivos para actuar con valentía frente a la corrupción política.
El Ministerio Fiscal, por su parte, responde a una estructura jerárquica muy rígida que, según denuncian numerosos afectados, permite frenar investigaciones, archivar denuncias u orientar procedimientos desde la cúpula. Demasiadas veces la denuncia ciudadana se estrella contra un muro de indiferencia; y, en el peor de los casos, se convierte en el detonante de represalias contra quien la presentó.
Contrapesos que no pesan
Los órganos llamados a equilibrar el sistema han asumido con frecuencia un papel decorativo:
- el Consejo General del Poder Judicial, bloqueado durante años en su renovación mientras se le reprocha proteger a jueces cuestionados;
- el Tribunal de Cuentas, cuyos miembros eligen las Cortes Generales y cuya actuación se percibe a menudo en clave partidista;
- los colegios profesionales, que en ocasiones miran hacia otro lado ante irregularidades;
- el Defensor del Pueblo, cuando rechaza investigar denuncias fundamentadas.
A ello se suma una parte de los medios de comunicación, dependiente de la publicidad institucional o de grandes grupos económicos, que trivializa casos graves o estigmatiza a los denunciantes como «resentidos» o «conflictivos». Y algunos grandes despachos, con vínculos políticos o financieros, contribuyen a diseñar laberintos procesales en los que la justicia se pierde antes de llegar a sentencia.
La seguridad de un país no se mide solo por lo que ocurre en sus calles, sino por lo que le espera al ciudadano honrado que entra en un juzgado.
Recuperar la confianza
La Constitución garantiza en su artículo 9.3 la seguridad jurídica y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Convertir esa promesa en realidad exige, al menos:
- un sistema de nombramientos judiciales basado en el mérito y blindado frente a los partidos;
- un Ministerio Fiscal con autonomía real y decisiones motivadas y controlables;
- órganos de control con independencia y capacidad sancionadora efectivas;
- la aplicación rigurosa de la Ley 2/2023, que protege a quienes informan sobre infracciones normativas y corrupción.
Ninguna de estas reformas llegará sola. Exigirlas es tarea de una ciudadanía que se niega a aceptar que el miedo a denunciar sea el precio de vivir en un país aparentemente seguro. Porque solo será verdaderamente seguro el país en el que la ley proteja a todos por igual.
Para saber más
- BOE – Constitución Española (artículo 9.3: seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad)
- Comisión Europea – Cuadro de Indicadores de la Justicia en la UE
- World Justice Project – Índice del Estado de Derecho
- BOE – Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción