La seguridad ciudadana es un pilar esencial para cualquier sociedad que aspire a garantizar los derechos fundamentales, la convivencia pacífica y el desarrollo humano. No es solo una cuestión de estadísticas o presencia policial: es la sensación —íntima, vital— de que nuestra vida, nuestra libertad y nuestra integridad están protegidas tanto en la calle como ante "las instituciones". De hecho, cuando viajamos a otros países, uno de los primeros aspectos que valoramos es si podremos caminar tranquilos por sus calles o si nuestra integridad física corre algún riesgo. Y es que el valor de la vida no es el mismo en todas las latitudes; cambia drásticamente según el contexto de seguridad y justicia de cada nación. Sin embargo en nuestro pais al entrar en contacto con nuestro sistema judicial, la incertidumbre y la desprotección reemplazan a la confianza ¿Que ocurre en nuestro país cuando los ciudadanos entran en un juzgado?
Porque no se trata solo de sentirse seguros frente al delito común, sino también de saberse protegidos frente al abuso de poder, la corrupción y la arbitrariedad.
España, a pesar de tener niveles relativamente bajos de criminalidad callejera en comparación con otros países, sufre una crisis más silenciosa pero igual de peligrosa: la inseguridad jurídica. Esta inseguridad no se mide con cámaras ni se patrulla con uniformes; se palpa en los juzgados, en los pasillos de las fiscalías, en la actitud de jueces y magistrados frente a quienes osan denunciar irregularidades. ¿Qué ocurre cuando quien amenaza tus derechos no es un ladrón, sino una institución? ¿Cómo se defiende un ciudadano cuando quien debe impartir justicia actúa con sesgo, desidia o miedo?
No es exagerado preguntarse si en nuestro país la denuncia de la corrupción se paga con cárcel, persecución o marginación. Las experiencias de muchos ciudadanos que han dado un paso al frente para destapar tramas ilegales o abusos administrativos terminan con procesos judiciales interminables, represalias laborales o incluso imputaciones absurdas. Mientras tanto, los responsables de los delitos denunciados gozan de impunidad o de un blindaje institucional que disuade a cualquiera de seguir sus pasos.
¿Quién mantiene la inseguridad jurídica en España?
La inseguridad jurídica no es un accidente. No es una anomalía pasajera del sistema. Es, en gran medida, el resultado de una estructura que se ha ido consolidando con el tiempo para garantizar que ciertos intereses queden al margen del control democrático y del escrutinio ciudadano. Y esta estructura tiene nombres y apellidos:
- élites político-económicas,
- una judicatura excesivamente jerarquizada y politizada,
- órganos de control institucionalizados para "no molestar demasiado".
1. La politización de la justicia: un diseño funcional al poder
En el centro del problema está la falta de independencia judicial real. El sistema de nombramientos en España, especialmente en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha sido históricamente un campo de batalla entre partidos. Los jueces que ascienden a los cargos clave no lo hacen necesariamente por mérito o independencia, sino por su afinidad ideológica o su utilidad estratégica para quienes los promueven. Esta dinámica genera una cadena de favores y silencios que mina la confianza ciudadana.
Cuando un juez sabe que su carrera depende de quienes gobiernan, es mucho menos probable que actúe con valentía frente a casos de corrupción política. Esta falta de coraje, o incluso connivencia, no es sólo una traición a la toga: es una amenaza directa al Estado de Derecho.
2. Las fiscalías, entre la obediencia jerárquica y la omisión activa
El Ministerio Fiscal, lejos de ser un garante autónomo de la legalidad, se comporta en muchos casos como un brazo del Gobierno de turno. Su estructura jerárquica, extremadamente rígida, permite que desde la cúpula se frenen investigaciones, se archiven denuncias o se “orienten” procedimientos con fines claramente políticos.
Las fiscalías anticorrupción o provinciales han llegado a ignorar evidencias, desestimar pruebas sólidas, o directamente no abrir diligencias mínimamente necesarias. En muchos casos, la denuncia ciudadana se estrella contra un muro de indiferencia institucional. Y en otros, peor aún, se convierte en el detonante de represalias contra el denunciante.
3. Los colegios profesionales, el CGPJ, el Defensor del Pueblo: guardianes del statu quo
Órganos que en teoría deberían actuar como contrapesos del sistema —como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas, los Colegios de Abogados o el Defensor del Pueblo— han asumido un rol decorativo o cómplice. En lugar de investigar, sancionar o alzar la voz, protegen al sistema frente a quien se atreve a incomodarlo.
Cuando el Defensor del Pueblo rechaza investigar una denuncia fundamentada, cuando un colegio profesional mira hacia otro lado ante irregularidades, o cuando el CGPJ se enroca en su renovación mientras protege a jueces cuestionados, no estamos ante errores burocráticos: estamos ante un ecosistema corporativo que se defiende a sí mismo.
4. Medios de comunicación y grandes despachos: el cuarto poder como cortina de humo
No se puede entender la persistencia de la inseguridad jurídica sin hablar de la complicidad mediática. Muchos medios de comunicación, financiados directa o indirectamente por los grandes grupos económicos o por administraciones públicas, ignoran casos gravísimos o los trivializan, mientras construyen narrativas que estigmatizan a los denunciantes como “resentidos”, “conspiranoicos” o “personas conflictivas”.
Al mismo tiempo, grandes despachos de abogados, bufetes vinculados a partidos o bancos, operan como intermediarios opacos que garantizan que ciertas batallas nunca lleguen a juicio o que los procedimientos se pierdan en una maraña procesal interminable. Son ellos quienes, en muchos casos, diseñan los laberintos jurídicos que hacen casi imposible llegar a una sentencia justa.