Las instituciones europeas y nacionales temen la llegada de la inteligencia artificial al ciudadano. Quisimos comprobar por qué y le planteamos a esta «herramienta maldita» una pregunta sencilla: ¿cómo se llama el incumplimiento, durante más de cuarenta años, de la igualdad de los ciudadanos ante la ley? Su respuesta, sin eufemismos, debería avergonzar a quienes lo han consentido, motivado o promovido.
Una pregunta incómoda a una máquina
Europa ha corrido a regular la inteligencia artificial. La Unión aprobó en 2024 el Reglamento (UE) 2024/1689, primera norma integral sobre la materia; el Consejo de Europa abrió ese mismo año a la firma su Convenio Marco sobre inteligencia artificial, derechos humanos, democracia y Estado de Derecho; y la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) adoptó ya en 2018 una carta ética sobre su uso en los sistemas judiciales. La preocupación es legítima: una herramienta capaz de procesar y ordenar información a gran escala puede resultar incómoda para quien prefiere la opacidad.
Por eso hicimos un experimento. Sin ánimo de faltar al respeto a ningún honorable ciudadano, pedimos a una IA que pusiera nombre al incumplimiento reiterado, durante más de cuatro décadas, del principio de igualdad ante la ley que proclama el artículo 14 de nuestra Constitución, y que la existencia de los aforamientos pone en entredicho.
El diagnóstico
La respuesta fue tan rápida como contundente. Según la máquina, una situación así podría describirse como:
- Injusticia sistémica.
- Desigualdad estructural.
- Discriminación persistente.
- Inequidad crónica.
- Violación continuada de derechos.
- Marginación histórica.
- Exclusión institucionalizada.
Expresiones, todas ellas, que reflejan la gravedad y la persistencia de un fallo prolongado en garantizar lo más elemental de un Estado de Derecho.
¿Quién es responsable?
Como la curiosidad es «pecado», seguimos preguntando. ¿Quiénes serían los posibles responsables de ese incumplimiento? La IA apuntó a una responsabilidad compartida entre varios actores:
- El poder ejecutivo y la Administración: gobiernos sucesivos que no han impulsado políticas eficaces para garantizar la igualdad ante la ley, y funcionarios que la aplican de forma desigual.
- El poder legislativo: legisladores que aprueban normas que no garantizan la igualdad o que no reforman las que la vulneran.
- El poder judicial: jueces y tribunales que interpretan o aplican la ley de modo inconsistente, y un sistema inaccesible o ineficaz que no ofrece remedios efectivos.
- Los organismos de control, nacionales e internacionales, cuando no supervisan, no denuncian o no presionan lo suficiente.
- Partidos, líderes de opinión y medios, cuando normalizan o invisibilizan la desigualdad e impiden el debate necesario.
- La propia sociedad civil, cuando no exige con la fuerza suficiente el respeto a la igualdad.
En resumen: los tres poderes del Estado, sus órganos de control y una ciudadanía demasiado paciente han contribuido, por acción u omisión, a sostener un sistema que no garantiza que todos seamos iguales ante la ley.
Estrasburgo cierra la puerta
Apunten una fecha: el 6 de agosto de 2024. Ese día, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró inadmisible nuestra demanda contra los aforamientos, sin entrar en el fondo. Lo hizo el mismo tribunal que debe velar por el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la discriminación en el disfrute de los derechos y libertades por cualquier condición, incluidos el nacimiento, la fortuna o «cualquier otra situación».
La paradoja es evidente: la máquina identifica sin titubeos una discriminación estructural que los tribunales, nacionales y europeos, se niegan a examinar.
Si una máquina es capaz de nombrar la injusticia en segundos, ¿qué excusa les queda a las instituciones que llevan cuarenta años sin verla?
La máquina no vota; usted sí
La inteligencia artificial puede ayudar a diagnosticar, pero no puede reformar leyes ni exigir responsabilidades. Eso nos corresponde a los ciudadanos. Pedimos la supresión de los aforamientos, que los poderes públicos cumplan el mandato de igualdad del artículo 14 de la Constitución y que la sociedad civil deje de ser el eslabón pasivo de esta cadena. Sin duda, estamos haciendo historia; le invitamos a escribirla con nosotros.
Para saber más
- EUR-Lex – Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial
- Consejo de Europa – Convenio Marco sobre inteligencia artificial y derechos humanos, democracia y Estado de Derecho
- CEPEJ – Carta ética europea sobre el uso de la IA en los sistemas judiciales
- TEDH – Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 14)