Las dictaduras y las monarquías absolutas concentran el poder en una persona o en una élite reducida; nadie lo discute. Lo inquietante es que muchas democracias formales reproducen esa misma lógica bajo apariencia plural: cúpulas que deciden, subordinados que obedecen y contrapesos domesticados. Concentración de poder, corrupción y ausencia de rendición de cuentas. ¿Es España una democracia horizontal o una jerarquía disfrazada?
Democracias de fachada
Hay regímenes que no ocultan su naturaleza jerárquica: autocracias y teocracias donde el poder fluye de arriba abajo sin control alguno. Pero existe una categoría más difícil de detectar: los Estados que celebran elecciones y proclaman la separación de poderes, mientras en la práctica mantienen estructuras de mando que vacían de contenido el pluralismo, la transparencia y el control. Los informes internacionales sobre la calidad democrática muestran que esa deriva no es exclusiva de países lejanos. La pregunta es si España está a salvo de ella.
El ejecutivo: obediencia antes que independencia
El Gobierno dirige la Administración civil y militar y, a través de ella, estructuras profundamente jerárquicas como las Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad del Estado. Esa jerarquía es razonable en la cadena operativa, pero se vuelve peligrosa cuando alcanza a instituciones que deberían actuar con imparcialidad.
El caso más claro es el del Ministerio Fiscal: organizado bajo el principio de dependencia jerárquica y encabezado por un Fiscal General nombrado a propuesta del Gobierno. Organismos internacionales como el GRECO han recomendado reforzar la autonomía de la Fiscalía frente al Ejecutivo. Cuando quien decide qué se investiga depende de quien gobierna, la sospecha de subordinación política es inevitable.
El legislativo: un pluralismo secuestrado por las cúpulas
El Parlamento debería ser el espacio natural de la pluralidad y el debate. Sin embargo, sufre un problema estructural: los grandes partidos comparten el interés de mantenerse o alternarse en el poder, lo que hace casi imposibles las reformas que pondrían en riesgo sus privilegios.
- Las listas cerradas y bloqueadas premian la lealtad a la dirección del partido, no la relación con los votantes.
- La disciplina de voto convierte a los diputados en ejecutores de decisiones tomadas en las cúpulas.
- El resultado es un legislativo que, con frecuencia, opera como una prolongación del ejecutivo en lugar de controlarlo.
El judicial: una independencia en entredicho
El poder judicial debería ser el garante último de la legalidad. Pero su propia estructura alimenta las dudas. El aforamiento de jueces y magistrados genera una sensación de impunidad, y la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por las Cortes ha convertido el órgano de gobierno de los jueces en objeto de reparto partidista, como han advertido reiteradamente los informes de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho.
Esa politización de las cúpulas proyecta una imagen devastadora: la de jueces más pendientes de sus apoyos para promocionar que de la aplicación imparcial de la ley.
Una democracia no muere solo por un golpe: también se apaga cuando cada contrapeso aprende a obedecer.
Contrapesos domesticados
En una democracia sana, otros actores vigilan al poder. En España, su capacidad de control también aparece comprometida:
- La prensa: la dependencia de la publicidad institucional y de las ayudas públicas limita la independencia de no pocos medios, que pasan de vigilar al poder a acompañarlo.
- El Defensor del Pueblo: elegido por las Cortes Generales, se percibe con frecuencia más cercano al reparto entre partidos que a la defensa incómoda de los ciudadanos.
- El Tribunal Constitucional: sus doce magistrados son designados por el Congreso, el Senado, el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial, un sistema que ha favorecido la lectura de sus decisiones en clave de bloques y que alimenta la imagen de un guardián del inmovilismo más que de la Constitución.
De la pirámide a la red
Las estructuras jerárquicas, explícitas o encubiertas, son un grave peligro para cualquier democracia. España tiene ante sí el reto de transformarlas en sistemas más horizontales, transparentes y participativos. Eso exige:
- Una Fiscalía con autonomía real frente al Gobierno.
- Un sistema de elección del gobierno judicial y del Tribunal Constitucional ajeno al reparto partidista.
- Listas electorales abiertas y mayor vínculo entre representantes y representados.
- Medios y órganos de control libres de dependencias económicas del poder.
El verdadero progreso no consiste en cambiar a quienes ocupan la cúspide, sino en desmontar la pirámide. Esa tarea no la harán por iniciativa propia quienes se benefician de ella: corresponde a una ciudadanía organizada y exigente.