Nuestros medios denuncian con facilidad la «no justicia» de otros países: tribunales que legitiman abusos y persiguen a quien disiente. Rara vez miran hacia dentro. Sin embargo, el poder engaña al pueblo con las mismas artimañas en todas partes, y el miedo a discrepar de quien manda es igual de palpable aquí. La pregunta es inevitable: ¿qué te puede pasar si disientes?
Cuando denunciar se convierte en delito
Un ejemplo reciente ilustra esta inquietante realidad. Un juez español que había denunciado la presunta existencia de dinero a nombre de jueces en paraísos fiscales fue encarcelado en 2023. Ninguna institución ha explicado públicamente si se investigó de oficio el fondo de aquellas denuncias; lo único visible es la consecuencia para el denunciante.
Lo grave es que España dispone desde febrero de 2023 de una ley específica para impedir exactamente eso: la Ley 2/2023, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, que transpone la Directiva europea 2019/1937. Esta norma prohíbe expresamente las represalias contra quienes informan de corrupción. Parece, sin embargo, que en ciertos despachos judiciales se desconoce o se ignora deliberadamente.
Un patrón que no conoce fronteras
El caso recuerda al de un conocido líder opositor ruso que denunció la corrupción sistemática de su país, fue encarcelado y acabó falleciendo en prisión en 2024. Las diferencias entre ambos sistemas son evidentes, pero el patrón de fondo es el mismo: la justicia utilizada como herramienta de represión, en lugar de como pilar de defensa de los derechos fundamentales.
Ese patrón suele reconocerse por una serie de rasgos comunes:
- El denunciante pasa a ser investigado, mientras los hechos denunciados quedan sin esclarecer.
- Las instituciones de control guardan silencio o actúan solo contra quien denuncia.
- Los medios de comunicación evitan el asunto o lo tratan como una anécdota personal.
- El mensaje para el resto de la sociedad es nítido: callar sale más barato.
Una doble vara de medir
Mientras tanto, según informó la prensa en mayo de 2024, la justicia española rechazó extraditar a El Salvador a un miembro de una mara alegando que aquel país no garantiza unos estándares mínimos de derechos humanos. Es una decisión que, en sí misma, puede estar plenamente justificada. Lo que resulta chocante es el contraste: nuestros tribunales se muestran exigentes con las garantías ajenas mientras, dentro de casa, quien denuncia al poder corre el riesgo de ser perseguido en lugar de protegido.
Esa doble vara refuerza la sensación de que los poderes establecidos —legislativo, ejecutivo y judicial— anteponen sus intereses corporativos, su particular «cosa nostra», a las reglas básicas de la convivencia y la justicia.
La lección que la historia no deja olvidar
Quien quiera comprobar hasta dónde puede llegar una justicia sometida no tiene más que repasar uno de los episodios más atroces de la humanidad: el Holocausto. Fueron poquísimos los jueces que se atrevieron a oponerse a la maquinaria que condenó a millones de personas. La lección es clara: cuando la justicia se pliega ante el poder, deja de ser justicia y se convierte en un mecanismo de opresión de los más vulnerables.
La justicia que teme al poder no es justicia: es su brazo ejecutor con toga.
Romper el ciclo
Los ejemplos de ayer y de hoy demuestran que la justicia puede ser distorsionada por el poder, y que la falta de resistencia ciudadana solo perpetúa el ciclo de abuso y represión. Para romperlo, reclamamos:
- La aplicación real y efectiva de la Ley 2/2023, también cuando lo denunciado afecta a jueces, fiscales o altos cargos.
- Investigaciones de oficio, independientes y transparentes, de toda denuncia verosímil de corrupción en cualquiera de los tres poderes.
- Responsabilidad por las represalias contra denunciantes, sin excepciones corporativas.
Es nuestra responsabilidad como sociedad cuestionar y desafiar estas dinámicas para que la justicia cumpla su verdadero propósito: proteger los derechos de todos, sin importar la posición de cada cual frente al poder. Disentir no debería costar la libertad. Infórmate, apoya a quienes denuncian y súmate a quienes no se resignan.
Para saber más
- Ley 2/2023, de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción (BOE)
- Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protección de los denunciantes (EUR-Lex)
- Convenio Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
- Transparency International – Índice de Percepción de la Corrupción