Seleccione su idioma

explosion

En 1985 bastó una ley orgánica para que jueces y magistrados se blindaran con el privilegio del aforamiento. Cuatro décadas después, restituir la igualdad que proclama el artículo 14 de la Constitución parece misión imposible. No lo es. La solución existe, está escrita en nuestras leyes y solo exige que alguien se atreva a aplicarla sin miedo a sus compañeros.

El falso obstáculo de la reforma constitucional

Cuando los medios abordan los aforamientos, suelen despachar el asunto con una excusa: suprimirlos exigiría reformar la Constitución, un proceso complejo y lleno de mayorías imposibles. Es una verdad a medias. El texto constitucional prevé el fuero especial de los parlamentarios y de los miembros del Gobierno, cargos electos que responden ante las urnas y cuya situación puede revisarse políticamente. De hecho, varias comunidades autónomas ya han renunciado a los aforamientos de sus representantes al reformar sus estatutos.

Lo que se omite es que la mayor parte de los aforamientos no procede de la Constitución, sino de leyes ordinarias y orgánicas. El de jueces y fiscales, en concreto, lo estableció la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985. Y lo que una ley concede, otra ley —o un tribunal— puede quitarlo.

Los hechos, uno a uno

Primero. Un reducido grupo de servidores públicos, cuya función es precisamente aplicar la ley, disfruta de un privilegio que choca con el artículo 14 de la Constitución: los españoles son iguales ante la ley, sin discriminación por razón de nacimiento, opinión «o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Segundo. Esos mismos jueces tienen un deber legal claro. El artículo 35.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional obliga a cualquier juez o tribunal que considere que una norma con rango de ley aplicable al caso puede ser contraria a la Constitución a plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Nadie lo ha hecho respecto de su propio fuero.

Tercero. Mientras tanto, la jurisprudencia muestra un patrón inquietante de suspensiones cautelares de sanciones millonarias a grandes empresas:

  • Octubre de 2019: se suspende una multa de 13,75 millones de euros al principal operador de infraestructuras de telecomunicaciones.
  • Septiembre de 2021: la Audiencia Nacional suspende una sanción de 123 millones a una ingeniería asturiana.
  • Diciembre de 2022: suspensión cautelar de una multa de 38,5 millones a una gran constructora.
  • Marzo de 2023: suspensión de 17 millones a una energética en materia de impuesto de sociedades.

El fenómeno llegó a tal punto que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia se quejó públicamente, en 2023, de que la Audiencia Nacional venía suspendiendo prácticamente todas sus sanciones.

La coincidencia que nadie explica

El caso de la multa a la operadora de infraestructuras resulta especialmente ilustrativo. En junio de 2021, la Comisión Europea adoptó la Decisión (UE) 2021/2034, que declaró ilegales las ayudas públicas concedidas para el despliegue de la televisión digital terrestre en zonas remotas y ordenó a España recuperarlas de sus beneficiarios. Dos años después, en mayo de 2023, la Audiencia Nacional confirmó la sanción de más de 13 millones que había quedado en suspenso cuatro años antes. Hizo falta que Bruselas actuara para que la balanza se moviera.

A ello se suma la reforma del delito de malversación operada por la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, que redujo el reproche penal cuando el responsable no se apropia del patrimonio público, sino que le da otro destino. En la práctica, se rebaja la respuesta frente a quien desvía fondos sin enriquecerse directamente, aunque terceros sí lo hagan. Llama la atención que esa reforma coincidiera en el tiempo con denuncias públicas sobre presuntas cuentas en paraísos fiscales vinculadas a funcionarios.

La solución no necesita reformas imposibles: basta con un juez que cumpla la ley aunque la ley le quite un privilegio.

La solución

Centrar el foco en los hechos permite ver con nitidez el camino. Proponemos tres pasos concretos:

  1. Que cualquier órgano judicial que conozca de un asunto en el que se aplique el aforamiento de jueces o fiscales plantee la cuestión de inconstitucionalidad prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
  2. Que el legislador suprima por ley orgánica los aforamientos que no tienen respaldo constitucional, empezando por los del poder judicial.
  3. Que las decisiones sobre sanciones millonarias se motiven y publiquen con total transparencia, y que se refuerce la responsabilidad de quien las adopta.

El globo de la corrupción crece mientras procedimientos con cantidades millonarias sin recuperar duermen en el cajón del olvido. Romper esa inercia es tarea de todos: de los jueces honestos, que son mayoría, de los legisladores y de una ciudadanía que no se resigna. Exige a tus representantes que pongan fin a los privilegios. La igualdad ante la ley no se negocia.

Para saber más