Seleccione su idioma

linea-roja

En el fútbol, una línea de pocos centímetros decide si hubo gol, y el árbitro puede equivocarse. En la justicia, la línea roja separa la legalidad del delito. Un juez también puede errar; lo inaceptable es que decenas de jueces y fiscales yerren siempre en la misma dirección, justo cuando el acusado es alguien a quien no interesa condenar.

El derecho a equivocarse y sus límites

La imagen de la línea roja se utiliza a menudo para separar lo admisible de lo intolerable en la política, en la sociedad y en los tribunales. En el deporte, los árbitros deciden sobre líneas de apenas cinco centímetros de grosor, y sus fallos siempre generan polémica. Pero ¿puede un juez interpretar la ley justo al revés frente a quien la ha quebrantado?

Nuestro sistema judicial admite, con razón, que el juzgador es humano y puede equivocarse al aplicar las leyes. Para eso existen los recursos. Lo que resulta difícil de aceptar es el error sistemático: cuando más de cincuenta jueces, supuestamente independientes, coinciden una y otra vez en no apreciar delitos de apropiación indebida cuya base conceptual es tan elemental como que uno más uno son dos.

Cuando el error deja de ser casual

Nuestra asociación ha documentado en sus propios procedimientos lo que considera un reiterado desacierto del sistema judicial a la hora de reconocer delitos económicos cometidos por personas a las que, según denunciamos, no interesa inculpar. A nuestro juicio, en esas resoluciones se han empleado todo tipo de argucias procesales para justificar decisiones contrarias a la ley.

Un error aislado es humano. Cincuenta errores en el mismo sentido dibujan un patrón. Y un patrón exige una explicación que, hasta hoy, ninguna institución ha querido ofrecer.

El papel de la Fiscalía

Más sorprendente aún ha sido la actitud del Ministerio Fiscal, que en nuestra experiencia ha acompañado de forma sistemática los criterios del juzgador, llegando a sostener en sus informes lo necesario para justificar conclusiones contrarias a la ley: metafóricamente, que uno más uno son tres. Hemos puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción y de la Inspección Fiscal, y en ellos hemos observado, entre otras, las siguientes irregularidades:

  • Informes sin firma identificable: documentos suscritos genéricamente por «el teniente fiscal», sin nombre ni apellidos, pese a tratarse de actos de funcionarios públicos sujetos a responsabilidad.
  • Informes sin constancia de registro: escritos sin sello de entrada en el juzgado que, sin embargo, se han tenido en cuenta en sentencias.
  • Dudas sobre la imparcialidad: supuestos en los que el mismo fiscal interviene en un procedimiento y en la causa abierta por el presunto falso testimonio de un testigo de ese mismo asunto.

El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal impone a los fiscales los principios de legalidad e imparcialidad. Cuando se denuncian prácticas como estas, lo mínimo exigible es una investigación transparente.

Un error es humano; cincuenta errores en la misma dirección son un sistema.

Buscamos al juez que se atreva

Si alguien se pregunta por qué nadie ha reconocido hasta ahora hechos que consideramos tan flagrantes, la respuesta es incómoda. Reconocer que se ha cruzado la línea roja en un caso supondría poner en evidencia el error de decenas de compañeros. El corporativismo actúa como un dique: nadie quiere ser el primero.

No pretendemos que esta web sustituya a los tribunales; acreditar los hechos corresponde a los juzgados. Pero sí reivindicamos el derecho de los ciudadanos a denunciar públicamente lo que consideran una quiebra del Estado de Derecho. Disponemos de documentación sobre cada una de estas irregularidades y la ponemos a disposición de quien tenga interés legítimo en examinarla a través de nuestra página de contacto.

Qué proponemos

  1. Que todos los informes del Ministerio Fiscal identifiquen con nombre y apellidos al fiscal que los firma.
  2. Que ningún escrito sin registro de entrada pueda incorporarse a una resolución judicial.
  3. Un régimen de abstención reforzado que impida a un mismo fiscal intervenir en causas conexas con intereses cruzados.
  4. Protección efectiva para quienes denuncian irregularidades dentro de la propia Administración de Justicia, en línea con la Ley 2/2023 de protección del informante.

Seguimos buscando al juez o al fiscal valiente que se atreva a señalar la línea roja y a decir, en voz alta, que uno más uno siempre son dos. Mientras llega, la responsabilidad es de todos: denuncia, comparte y exige que la justicia rinda cuentas.

Para saber más