En los últimos años resulta cada vez más evidente la forma en que se ha elevado a los jueces a una posición casi de divinidad. Son ellos quienes determinan qué es lo correcto y qué no lo es, incluso en numerosas ocasiones actuando "contra legem". Esta práctica, lejos de reforzar la confianza en la justicia, genera una profunda inseguridad: cuando quienes deben ser garantes de la ley se apartan de ella, el ciudadano queda desorientado, sin saber si cumplir la norma es realmente el camino correcto o si, en cambio, resulta más ventajoso actuar al margen de ella. Existen ejemplos vergonzosos que ponen en entredicho la credibilidad del sistema. Se han dictado sentencias que desafían toda lógica y que parecen sostener que 1+1 puede ser igual a 3. Se han dado casos en los que un juez ha llegado a suprimir pruebas que podrían dar la razón al demandante, con el único fin de liberar de toda responsabilidad al demandado.
Tales actuaciones no solo vulneran derechos fundamentales, sino que degradan la esencia misma del Estado de derecho. Es legítimo, entonces, hablar de un auténtico ocaso de los dioses togados.
No hace mucho, el GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa) advirtió en su informe de seguimiento de junio de 2025 que España está incumpliendo de forma grave la mayor parte de las recomendaciones formuladas desde 2019 en materia de lucha contra la corrupción. Según el informe, de las 19 recomendaciones dirigidas a los altos cargos del Gobierno central y a las fuerzas de seguridad del Estado, dieciséis solo se han cumplido parcialmente y tres permanecen prácticamente sin implementar. El GRECO denuncia la ausencia de medidas decididas y resultados tangibles en ámbitos como la prevención de conflictos de intereses, la regulación de asesores, las puertas giratorias, la transparencia gubernamental o el fortalecimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses.
Medidas necesarias para restablecer el Estado de derecho
La reconstrucción del Estado de derecho en nuestro país exige medidas profundas, sostenidas y verificables. Entre ellas:
- Eliminar los aforamientos, que hoy funcionan como privilegios injustificados e incompatibles con el principio de igualdad ante la ley.
- Investigar la existencia de fondos en paraísos fiscales pertenecientes a quienes concentran mayores cuotas de poder, para evitar la perpetuación de la impunidad económica y política.
- Lograr que miembros del propio sistema judicial asuman la responsabilidad de condenar a colegas cuando corresponda. Esta será, sin duda, la tarea más difícil, pues implica romper con la cultura corporativa de protección mutua.
- Hacer cumplir el principio de seguridad jurídica consagrado en la Constitución, de modo que la aplicación de la ley sea previsible, coherente y estable.
- Garantizar una verdadera independencia del poder judicial. Es imprescindible reducir las injerencias políticas en el nombramiento de jueces y magistrados, asegurando que los órganos de gobierno judicial respondan al mérito, la trayectoria y la imparcialidad, y no a pactos partidistas.
- Fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas. Se requieren auditorías transparentes, evaluaciones periódicas de desempeño y sanciones efectivas para quienes abusan de su cargo.
- Reforzar la formación ética y jurídica continua de los jueces. La legitimidad del sistema exige una preparación constante en principios democráticos, derechos humanos y responsabilidad institucional.
- Establecer plazos y criterios legales obligatorios para cumplir recomendaciones internacionales. No basta con comprometerse; deben existir consecuencias jurídicas por el incumplimiento reiterado.
- Asegurar recursos suficientes y autonomía efectiva para los órganos supervisores. La Oficina de Conflictos de Intereses, los organismos de transparencia y los entes anticorrupción deben contar con presupuesto propio, independencia funcional y capacidad sancionadora.
- Regular estrictamente la figura de asesores y lobbies. Con registros públicos, declaraciones obligatorias de intereses y sanciones claras por incumplimiento.
- Instituir mecanismos eficaces de protección del denunciante. Garantizar vías seguras, confidenciales y libres de represalias para quienes denuncien corrupción o abusos de poder.
- Evaluaciones independientes de integridad institucional. Auditorías externas y periódicas con participación de la sociedad civil y organismos internacionales, no solo de cumplimiento formal, sino de impacto real.
- Transparencia real y acceso ágil a la información pública. Documentos, agendas, declaraciones de bienes y actividades de altos cargos deben ser accesibles sin dilaciones ni trabas burocráticas.
- Fomentar una cultura institucional de responsabilidad ética. Formación continua acompañada de sanciones ejemplares para quienes traicionen la confianza pública.
Solo con la aplicación conjunta de estas medidas, acompañadas de voluntad política real y mecanismos de control eficaces, podremos empezar a revertir ese ocaso en el que los “dioses” judiciales y políticos han dejado de ser referentes de justicia para convertirse en símbolos de desconfianza.
La sociedad no puede resignarse a contemplar impasible cómo quienes deberían ser los guardianes de la ley se erigen por encima de ella. El prestigio de la justicia se construye con coherencia, independencia y rendición de cuentas; sin ello, lo único que permanece es la sombra de ese ocaso en el que los jueces y gobernantes, lejos de mostrarse como servidores públicos, terminan confirmando la necesidad urgente de una reforma profunda.