Durante años se ha elevado a los jueces a una posición casi divina: deciden qué es justo y qué no lo es, en ocasiones incluso contra la letra de la ley. Pero cuando los guardianes de la norma se apartan de ella, el ciudadano queda desorientado y la confianza se derrumba. Asistimos, quizá, al ocaso de los dioses togados.
Jueces por encima de la ley
La Constitución configura a los jueces como servidores de la ley, sometidos únicamente a su imperio. Sin embargo, la práctica ha ido desdibujando ese mandato. Cada vez son más los ciudadanos que perciben resoluciones dictadas «contra legem», interpretaciones forzadas hasta lo irreconocible y sentencias que desafían toda lógica, como si uno más uno pudiera ser igual a tres.
Se han denunciado incluso casos en los que un juez habría dejado fuera del proceso pruebas que podían dar la razón al demandante, con el resultado de liberar de toda responsabilidad al demandado. Actuaciones así, de confirmarse, no solo vulneran derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva: degradan la esencia misma del Estado de Derecho y siembran una duda corrosiva en el ciudadano, que ya no sabe si cumplir la norma es el camino correcto o si resulta más ventajoso moverse al margen de ella.
Esa es la verdadera inseguridad jurídica, la que el artículo 9.3 de la Constitución promete desterrar al garantizar la seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos.
Un suspenso europeo sin excusas
El problema no es exclusivo de la judicatura. El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO) aprobó en junio de 2025 un nuevo informe de seguimiento sobre España dentro de su quinta ronda de evaluación, dedicada a los altos cargos del Gobierno central y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Su conclusión es severa: de las 19 recomendaciones formuladas en 2019, ninguna se ha cumplido de forma satisfactoria; dieciséis lo están solo parcialmente y tres siguen sin aplicarse.
El GRECO advierte de la falta de medidas decididas y de resultados tangibles en ámbitos como:
- la prevención de los conflictos de intereses;
- la regulación de los asesores y de las puertas giratorias;
- la transparencia de la acción de gobierno;
- el fortalecimiento de la Oficina de Conflictos de Intereses.
El organismo considera que España no cumple de forma suficiente sus recomendaciones, mantiene abierto el procedimiento de incumplimiento y le exige un nuevo informe sobre todas ellas antes del 30 de junio de 2026. Legislativo, ejecutivo y judicial comparten así un mismo diagnóstico: mucho compromiso declarado y muy poca reforma efectiva.
Un dios que no rinde cuentas no es un juez: es un poder sin control. Y ningún poder sin control es compatible con la democracia.
Medidas para restablecer el Estado de Derecho
La reconstrucción exige medidas profundas, sostenidas y verificables. Entre las más urgentes:
- Eliminar los aforamientos, privilegios procesales incompatibles con la igualdad ante la ley.
- Garantizar una independencia judicial real, con nombramientos basados en el mérito, la trayectoria y la imparcialidad, no en pactos partidistas.
- Investigar los fondos en paraísos fiscales de quienes concentran mayores cuotas de poder, para cortar de raíz la impunidad económica y política.
- Romper el corporativismo, de modo que los propios miembros de la carrera judicial asuman la responsabilidad de sancionar a sus colegas cuando corresponda. Será, sin duda, la tarea más difícil.
- Dotar de presupuesto propio, independencia funcional y capacidad sancionadora a la Oficina de Conflictos de Intereses y a los organismos de transparencia y anticorrupción.
- Regular estrictamente asesores y lobbies, con registros públicos y declaraciones obligatorias de intereses.
- Proteger eficazmente al denunciante, con vías seguras, confidenciales y libres de represalias.
- Fijar plazos legales para cumplir las recomendaciones internacionales, con consecuencias jurídicas para el incumplimiento reiterado.
A ello deben sumarse auditorías externas y periódicas con participación de la sociedad civil, formación ética continua de jueces y altos cargos, y un acceso ágil a las agendas, declaraciones de bienes y actividades de quienes ejercen el poder.
Del ocaso a un nuevo amanecer
Solo la aplicación conjunta de estas medidas, acompañada de voluntad política real, permitirá revertir un ocaso en el que los «dioses» judiciales y políticos han dejado de ser referentes de justicia para convertirse en símbolos de desconfianza. El prestigio de la justicia no se decreta: se construye con coherencia, independencia y rendición de cuentas.
La sociedad no puede resignarse a contemplar cómo quienes deberían custodiar la ley se sitúan por encima de ella. Exijamos a nuestros representantes que cumplan lo que el GRECO lleva años reclamando, apoyemos a quienes denuncian y hagamos de la transparencia una exigencia cotidiana. Los dioses caen cuando los ciudadanos dejan de arrodillarse.
Para saber más
- GRECO – Adenda al Segundo Informe de Cumplimiento sobre España, quinta ronda (2025, en inglés)
- GRECO (Consejo de Europa) – Evaluaciones de España
- BOE – Constitución Española (artículo 9.3: seguridad jurídica e interdicción de la arbitrariedad)
- Comisión Europea – Mecanismo e Informe anual sobre el Estado de Derecho