Diez años de pleitos para defender que uno más uno son dos. Siete denuncias archivadas, más de cuarenta procedimientos perdidos y un muro institucional que no cede. Nuestro periplo judicial no es una anécdota personal: es el retrato de un sistema en el que jueces, fiscales y administraciones parecen cerrar filas cuando quien llama a la puerta denuncia a uno de los suyos.
Cuando 1 + 1 deja de ser 2
Resulta difícil de entender que, transcurridos diez años de procesos judiciales farragosos, no se hayan reconocido hechos tan elementales como que «1 + 1 = 2». Durante todo este tiempo hemos defendido verdades aritméticas frente a quienes sostienen, con el respaldo de las instituciones, que «1 + 1 = 3». Detrás de esa aritmética imposible denunciamos un presunto delito de apropiación indebida que, hasta la fecha, ninguna instancia ha querido reconocer.
A nuestro juicio, en este recorrido se han producido numerosas vulneraciones del Estado de Derecho. Nos enfrentamos a lo que percibimos como una red de intereses con muchas instituciones implicadas, entre ellas la más sensible de todas: la judicial. Distinguir entre lo legal y lo corporativo debería ser sencillo para quienes son garantes de la ley. La experiencia nos dice lo contrario.
Una década en cifras
El gráfico resume nuestra historia. Estos son los hitos más significativos:
- Siete denuncias policiales, todas archivadas sin investigación alguna por los juzgados que las tramitaron.
- Más de cuarenta procedimientos judiciales —querellas, demandas, recursos, recusaciones—, saldados todos con inadmisiones, desestimaciones o condenas en costas para la parte que denunciaba.
- Dos procedimientos dirigidos contra el denunciante, con reclamaciones de 500.000 y 50.000 euros, que interpretamos como intentos de amedrentamiento y que llevaban cuatro años sin instrucción. En uno de ellos denunciamos una vulneración flagrante de la normativa de protección de datos que la autoridad de control no reconoció.
- Reparto reiterado de los asuntos a las mismas salas o jurisdicciones, hecho denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial sin que pareciera relevante para el órgano de gobierno de los jueces.
La Fiscalía, ausente
El Ministerio Fiscal, defensor de la legalidad por mandato constitucional, no ha apreciado delito alguno en sus informes. La Fiscalía especializada contra la corrupción tampoco detectó ilícito en los más de cuatro informes emitidos en 2021, y la Inspección Fiscal no encontró actuaciones incorrectas de sus fiscales. Cuando todos los controles coinciden en no ver nada, el ciudadano tiene derecho a preguntarse si el problema está en lo denunciado o en quienes deben investigarlo.
Ningún acierto entre cuarenta jueces
En las dos querellas por prevaricación que presentamos, la defensa de los magistrados se apoyó en que el ciudadano no tiene un «derecho al acierto» judicial. Es un argumento conocido. Pero cuando en más de cuarenta resoluciones ninguna da la razón a quien aporta pruebas documentales, la estadística deja de ser casualidad y se convierte en indicio.
Hay más episodios que, a nuestro juicio, merecen explicación:
- En uno de los recursos de apelación denunciamos que la aportación de un soporte digital defectuoso retrasó el procedimiento hasta que expiraron los plazos legales para recurrir.
- Sigue sin reconocerse que una entidad sin ánimo de lucro no debe ni puede generar lucro y que, si lo generase, no tendría por qué tributar por el Impuesto sobre Sociedades.
- Tampoco el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha examinado hasta ahora el fondo de las coacciones y de las vulneraciones de derechos fundamentales que hemos documentado.
Cuando defender lo evidente cuesta diez años y cuarenta procesos, lo que está en juego ya no es un pleito, sino la credibilidad del Estado de Derecho.
Por qué lo contamos
Contamos nuestra historia porque no es única. Miles de ciudadanos y pequeñas empresas se enfrentan cada día a estructuras que se protegen a sí mismas desde los tres poderes: normas hechas a medida, administraciones que no responden y tribunales que no escuchan. Los informes europeos sobre el Estado de Derecho y las evaluaciones del GRECO llevan años reclamando a España más garantías de independencia judicial y de rendición de cuentas.
No pedimos privilegios, sino justicia: que los hechos se investiguen, que quien firma responda y que el ciudadano que denuncia sea protegido y no castigado. Si quiere conocer más detalles de nuestro caso o ha vivido algo parecido, comuníquese con nosotros a través del formulario de contacto. Juntos somos más difíciles de silenciar.