es un concepto jurídico que hace referencia a la superioridad o primacía de una norma o principio sobre otro. En el contexto legal, cuando se dice que un tratado internacional tiene "prevalencia" sobre las normas internas infraconstitucionales, significa que, en caso de conflicto entre un tratado internacional válido y una norma interna (por debajo de la Constitución), el tratado internacional debe ser aplicado antes que la norma interna, siempre que no contravenga la Constitución. En 2009, España ratificó el Tratado Internacional sobre la Igualdad Ante la Ley, un acuerdo que prometía avances significativos en la lucha por la justicia social. ¿Por qué, por ejemplo, un inspector de policía especializado en narcotráfico está sometido a un control constante, mientras que un juez que perdona deudas millonarias, o incluso está vinculado a escándalos financieros, escapa a la vigilancia?
La desigualdad en el control y la rendición de cuentas en el poder judicial
En el Reino de España, la inmunidad judicial se ha convertido en una suerte de zona franca en la que algunos jueces parecen operar al margen de los mecanismos tradicionales de control. Las leyes orgánicas que otorgan privilegios a los jueces, como la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), les otorgan una independencia y exención de responsabilidad que, en principio, debería ser un pilar de la justicia imparcial. No obstante, ¿realmente esta inmunidad es una garantía para la justicia, o simplemente una forma de blindaje para los que ejercen el poder judicial?
En un sistema democrático, el control de los poderes del Estado debe ser uno de los principios fundamentales. La Ley 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su artículo 117, establece la independencia de los jueces y magistrados. Pero, ¿hasta qué punto esta independencia no se convierte en una herramienta para evitar el control de las acciones de quienes tienen en sus manos decisiones cruciales?
La falta de rendición de cuentas en el poder judicial se torna aún más alarmante cuando se perciben casos de decisiones judiciales polémicas que parecen favorecer a quienes poseen poder económico o político. En el caso de los jueces, aunque su independencia está protegida por ley, esta misma independencia puede ser usada de manera errónea si no existe un sistema adecuado de supervisión.
Además, surge una cuestión incómoda: ¿cómo es posible que los jueces puedan operar sin una supervisión efectiva sobre su conducta financiera? Es conocido que, en muchos casos, los paraísos fiscales han sido utilizados por personas con grandes recursos económicos para ocultar fortunas. ¿Es que los jueces están exentos de ser investigados si se encuentran vinculados a estos sistemas de evasión fiscal? La inmunidad judicial parece hacer que estos cuestionamientos se desvanezcan ante la falta de mecanismos de control.
En comparación, un inspector de policía especializado en narcotráfico está sometido a una vigilancia constante por parte de sus superiores, incluso en su vida privada, por el riesgo de ser corrompido o desviado de su deber. La lucha contra el narcotráfico, como muchas otras áreas de la seguridad pública, requiere que los agentes estén siempre en el centro de una monitorización estricta. ¿Por qué, entonces, un juez que decide sobre casos millonarios o sobre grandes empresas está, en algunos casos, exento de ser sometido a un control similar?
Es evidente que el fallo radica en la falta de igualdad ante la ley. El artículo 14 de la Constitución Española establece que todos los españoles son iguales ante la ley, pero parece que algunos, por su posición de poder, disfrutan de una especie de "excepción" que les permite actuar con un grado de impunidad. La ley no es ciega en el Reino de España; hay una jerarquía implícita, un sistema de privilegios que puede ser aprovechado por los más poderosos.
El control efectivo y la igualdad ante la ley deberían ser principios fundamentales para garantizar que nadie, por mucho que ostente un cargo, quede exento de rendir cuentas. Es necesario un cambio en el enfoque de la rendición de cuentas judicial para que todos los poderes del Estado estén sujetos a las mismas normas de control, sin importar el rango o el puesto que ocupen. Si realmente España se quiere que sea un Estado de Derecho y no una República Bananera, se debe poner en marcha un sistema de control más riguroso y justo para todos, sin excepciones ni privilegios injustificados.