La imagen de un país es, sin duda, el reflejo de su sistema judicial. No debemos olvidar que el control del cumplimiento de las leyes recae en este poder del Estado, considerado, junto al legislativo y al ejecutivo, uno de los tres pilares fundamentales del Estado de Derecho. Ahora bien, cuando el poder judicial sucumbe a la corrupción, la consecuencia es devastadora: un país en el que impera la ley del más fuerte y donde la justicia deja de ser un valor universal para convertirse en un privilegio de unos pocos.La historia de nuestro país, el Reino de España, no ayuda a disipar dudas. Durante los dos últimos siglos hemos transitado por más de siete constituciones, fruto de crisis políticas, guerras civiles y continuas rupturas del orden institucional. Ante esta inestabilidad, se ha extendido un discurso simplista, el “typical Spanish”, que pretende justificar nuestras deficiencias estructurales como parte de una idiosincrasia nacional. Sin embargo, aceptar esa coartada sería engañarnos
Lo que subyace en muchas ocasiones no es un rasgo cultural, sino la consolidación de redes colusorias y corruptas que, disfrazadas de legalidad, enmascaran la realidad y secuestran la confianza de los ciudadanos en el sistema.
El poder judicial, a diferencia de los poderes legislativo y ejecutivo —cuyos representantes son elegidos en las urnas y renovados periódicamente—, se encuentra compuesto por funcionarios públicos que ejercen cargos de enorme trascendencia, muchas veces con una inamovilidad que puede transformarse en impunidad. Así, aunque cada cuatro años podamos cambiar gobiernos o parlamentos, resulta muy difícil cambiar el rumbo del país si el “correoso” poder judicial bloquea cualquier intento de depurar responsabilidades en casos de corrupción. En efecto, existen indicios de que algunos magistrados han tejido una auténtica red de protección mutua que obstaculiza la rendición de cuentas y, según se ha denunciado, incluso podría estar vinculada a prácticas financieras irregulares en paraísos fiscales.
Los medios de comunicación suelen dar amplia cobertura a los escándalos de corrupción en otros países, pero cuando se trata de levantar el velo sobre las posibles tramas judiciales en España, el silencio resulta ensordecedor.
¿Por qué?
Porque enfrentarse a esta red implica desafiar a un poder que actúa en ocasiones como una mafia: protege a los suyos, persigue al denunciante e incluso utiliza el aparato del Estado para intimidar o castigar a quien ose señalar sus abusos. El caso del juez Don Fernando Presencia, que lleva más de dos años en prisión tras haber denunciado presuntas irregularidades judiciales, ilustra con crudeza el precio que puede llegar a pagarse por intentar ponerle el cascabel al gato.
Y, sin embargo, no todo es pesimismo. Esta situación, aunque desoladora, ha servido como catalizador para la creación de asociaciones y movimientos ciudadanos que reivindican transparencia, independencia real del poder judicial y un auténtico control democrático sobre quienes imparten justicia en nombre del pueblo. En nuestro caso, lejos de rendirnos, hemos encontrado en esta lucha un motivo de unión y resistencia.
Creemos firmemente que una democracia sólida no puede construirse sobre un poder judicial opaco y corporativista, sino sobre jueces responsables, sometidos al mismo escrutinio ciudadano que exigen a los demás. Solo cuando logremos abrir las ventanas de la justicia para que entre la luz de la verdad, podremos aspirar a un país en el que la ley no sea un arma contra el débil, sino un escudo que lo proteja.
Seguiremos existiendo, denunciando y resistiendo mientras esta realidad no cambie. Porque, al fin y al cabo, la verdadera grandeza de un país se mide por la dignidad y la valentía de quienes no se resignan.
A por ellos.