En un diario el 12 de mayo de 2025, el artículo "Justicia vs Política", un magistrado del Tribunal Supremo hace un reflexión sobre la independencia judicial, enfatizando la necesidad de que la justicia se libere de las ataduras políticas. Aunque este mensaje, a favor de la separación entre política y tribunales, resulta importante y necesario para garantizar la imparcialidad del sistema judicial, lo que realmente sorprende es la presencia de un órgano como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), creado precisamente para evitar precisamente este tipo de interferencias políticas en la justicia. Es alarmante que, a pesar de contar con un órgano de control(CGPJ) los mecanismos diseñados para garantizar la independencia judicial no estén funcionando como deberían. Si los controles del poder judicial fallan, cabe preguntarse, ¿qué está ocurriendo con el resto de las instituciones que deberían velar por el cumplimiento del Estado de Derecho?
El problema que enfrenta nuestro país no radica únicamente en la politización de la justicia, como sugieren algunos análisis, sino en una cuestión mucho más grave y estructural: la ausencia de Estado de Derecho en todas las instituciones. Este es el verdadero cáncer que socava los pilares de la democracia española.
La politización como síntoma, no causa
La politización de los jueces es solo un síntoma de una disfunción más profunda. Cuando los órganos encargados de velar por la independencia del poder judicial, como el CGPJ, no cumplen su función o son cooptados por intereses políticos, el problema ya no es solo de la justicia, sino de todo el sistema institucional. El sistema de aforamientos, la falta de transparencia en la elección de altos cargos y los privilegios de ciertas instituciones son parte de un tejido legal que, lejos de fomentar la igualdad ante la ley, la socava.
En este contexto, no sorprende que las decisiones judiciales a veces parezcan influenciadas por factores políticos o intereses externos. Pero esta es solo la superficie de un problema mucho mayor. El fallo no está solo en la justicia, sino en el Estado de Derecho en su conjunto, en un sistema donde las instituciones clave, encargadas de garantizar la legalidad y la justicia, están debilitadas por la falta de independencia y control efectivo.
La falta de control y la impunidad
Un claro ejemplo de esta ausencia de control se refleja en la denuncia presentada ante el Congreso de los Diputados por la Asociación ACCYDED 11-5-2025, que exige la derogación de leyes orgánicas que otorgan privilegios injustificados a ciertos organismos e instituciones, con referencia especial a nuestros jueces. En su reclamación, se destaca la incompatibilidad de ciertas leyes con el Tratado de Lisboa de 2009, que establece principios fundamentales de igualdad y no discriminación, fundamentales para la cohesión jurídica en la Unión Europea.
Las leyes que permiten privilegios procesales, como el aforamiento de altos cargos, no solo contravienen estos principios, sino que refuerzan la desigualdad ante la ley, un principio esencial del Estado de Derecho. Esta disparidad no solo afecta a los ciudadanos, sino que también corroe la confianza en las instituciones, creando un caldo de cultivo para la "corrupción" y el "abuso de poder". Si las leyes no se aplican por igual a todos los ciudadanos, independientemente de su estatus político o social, entonces, el sistema de justicia pierde su legitimidad.
La necesidad urgente de reformas profundas
En lugar de centrarse únicamente en la politización de la justicia, debemos afrontar una reforma profunda del sistema institucional que aborde de manera integral los problemas de fondo. Es esencial que las leyes y los mecanismos de control sean revisados, y que se eliminen los privilegios que pervierten la relación entre los ciudadanos y las instituciones. Solo así podremos restaurar la confianza en el sistema judicial y, por ende, en el conjunto del sistema democrático.
El artículo periodístico y la denuncia presentada por ACCYDED deberían ser un punto de partida para un debate serio y profundo sobre la verdadera naturaleza de los problemas que enfrenta España. No se trata solo de defender la independencia de los jueces, sino de asegurar que todas las instituciones del Estado funcionen dentro de un marco de legalidad, igualdad y respeto a los derechos fundamentales. Mientras no abordemos esta cuestión de fondo, la politización de la justicia será solo un reflejo de una crisis institucional mucho más amplia.
La política y la justicia deben estar separadas, pero para lograrlo, es necesario que todo el sistema institucional esté fundamentado sobre los principios del Estado de Derecho, donde no haya lugar para privilegios, inmunidades o injusticias que debiliten la confianza pública en las instituciones.
Este es el verdadero desafío que enfrenta España. No es solo una cuestión de política judicial, sino de restaurar el principio básico de igualdad ante la ley y garantizar que las instituciones del Estado estén al servicio de todos los ciudadanos, no de intereses particulares o partidistas.