El trilero no gana porque sea hábil con los cubiletes, sino porque nunca juega solo: le rodean cómplices que aplauden, apuestan de mentira y gritan cuando la víctima empieza a sospechar. Esa vieja estafa callejera se ha convertido en método de gobierno. Hoy se practica en juntas, despachos oficiales y juzgados, con papeles sellados en lugar de bolitas y con el ciudadano siempre perdiendo.
Anatomía de un engaño organizado
El trilerismo es un juego en el que se engaña a la vista de todos. Su eficacia no depende de la destreza del que mueve las manos, sino del decorado humano que lo envuelve: unos cuantos afines que dan la razón en el momento oportuno, que vociferan cuando conviene silenciar a quien protesta y que fabrican la apariencia de que todo es normal. La víctima no pierde por falta de atención, pierde porque la partida está amañada desde el principio.
Basta asistir a cualquier reunión donde se decide sobre dinero ajeno para reconocer la escena. Una mayoría preparada de antemano, unas votaciones al grito y una minoría a la que se le niega la palabra. Lo que en la calle sería un delito de estafa, en el ámbito institucional se reviste de actas, informes y resoluciones. Y ese disfraz de legalidad es precisamente lo que lo hace tan peligroso.
Los tres cubiletes del poder
La corrupción no es patrimonio de un solo poder del Estado. El trilerismo se manifiesta, con distintos ropajes, en los tres:
- En el legislativo, cuando se aprueban normas de transparencia con tantas excepciones que el principio general queda reducido a una declaración de intenciones.
- En el ejecutivo, cuando las administraciones convierten el silencio, la demora y la invocación genérica de límites legales en una forma ordinaria de no rendir cuentas.
- En el judicial, cuando los engranajes del proceso se coordinan para que el resultado esté decidido antes de que el ciudadano pueda defenderse.
En la justicia: el informe que nadie firma
Uno de los ejemplos más inquietantes se produce en los tribunales. Un juez solicita el parecer del Ministerio Fiscal y el informe que recibe se inclina, sin apenas argumentación, hacia la solución que el órgano judicial parecía buscar, por ejemplo el archivo o la desestimación. El cubilete se mueve y la bolita desaparece.
Llama la atención, además, una práctica que hemos observado con frecuencia: escritos firmados únicamente con el cargo, «Teniente Fiscal», sin nombre alguno que identifique a su autor. El Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal descansa en los principios de unidad de actuación y dependencia jerárquica, siempre con sujeción a la legalidad y la imparcialidad. Pero la jerarquía no puede servir de escudo: quien firma un dictamen que puede decidir la suerte de un procedimiento debe poder ser identificado y responder de lo que escribe. El anonimato funcional diluye la responsabilidad y deja al ciudadano frente a una institución sin rostro.
En las instituciones: la confidencialidad a la carta
La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, reconoce el derecho de todos a acceder a la información pública. Sus límites, recogidos en el artículo 14, deben aplicarse de forma justificada y proporcionada, atendiendo a las circunstancias del caso y a la existencia de un interés superior en la divulgación. Sin embargo, en la práctica se invoca el «carácter confidencial» como un comodín: basta con querer ocultar algo para declararlo reservado. ¿Quién discute lo que nadie puede ver?
El mismo truco se repite con la normativa de protección de datos. La Ley Orgánica 3/2018 protege a las personas frente al uso indebido de su información, no a los gestores frente al control de quienes les pagan. Y, sin embargo, se usa como excusa para negar a un comunero, a un socio o a un vecino el acceso a las facturas que se le exige abonar. Pague usted, pero no pregunte.
Cuando la ley se usa para esconder en lugar de para proteger, ya no estamos ante un derecho, sino ante el cubilete de un trilero con toga o con despacho.
Cómo desmontar la partida
El trilero solo prospera mientras nadie mira de cerca sus manos. Por eso la respuesta es la luz y la insistencia:
- Exija por escrito la identificación de quien firma cada informe o resolución que le afecte.
- Ejerza el derecho de acceso a la información pública y, si se le deniega, reclame ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno o el órgano autonómico equivalente.
- No acepte la protección de datos como pretexto para ocultarle información sobre gastos que usted sufraga.
- Documente cada irregularidad y compártala con asociaciones y medios que puedan darle difusión.
Seguiremos señalando ejemplos de trilerismo institucional en este espacio. Cada caso expuesto es una partida que el trilero ya no puede ganar en silencio. Si usted ha sido víctima de alguno de estos juegos, no se resigne: la transparencia no se mendiga, se exige.